En el marco del Día Mundial del Refugiado, el martes 18 de junio se realizó el «I Conversatorio de protección internacional en el Perú: Cartagena+40», organizado por la Cátedra de Migraciones de la Universidad del Pacífico junto a Encuentros Servicio a Migrantes, Amnistía Internacional, El Consejo Danés para Refugiados y la Agencia de la ONU para los Refugiados – ACNUR.
Este evento se desarrolló en dos mesas de diálogo. La primera, “Sistema de protección internacional en el Perú, a la luz de la declaración de Cartagena”, contó con la participación de Analí Briceño, coordinadora nacional de Encuentros Servicio Jesuita a Migrantes; Cristian Carillo, representante de ACNUR Perú; Gonzalo Bonifaz, director de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; y Feline Freier, directora de Cátedra de Migraciones de la Universidad del Pacífico.
Al iniciar el diálogo, Analí Briceño resaltó que «este espacio es importante pues concentra a la sociedad civil, al Estado y la academia, teniendo a las personas refugiadas como el centro de nuestro actuar».
Posteriormente, durante su exposición presentó la situación de protección en el Perú y explicó la iniciativa Cartagena +40 como “una posibilidad para los que requieren protección”. Pues como su nombre lo dice, este es un proceso posterior a los 40 años de la declaración de Cartagena sobre los Refugiados.
Por su parte, Feline Freire recalcó que «si bien Cartagena no es una declaración vinculante, muchos países han adoptado la definición de refugiado en sus leyes» y es importante la categorización que se le da a la persona refugiada y solicitante de refugio pues esto permite su adecuada integración».
Christian Carrillo remarcó que para que pueda “fomentarse el principio de solidaridad internacional y funcione el multilateralismo es importante generar la confianza con las instituciones, con las comunidades locales, con las comunidades de acogida y al mismo tiempo por las comunidades lideradas por refugiados y refugiadas”.
Finalmente, Gonzalo Bonifaz comentó que “para atender la problemática se necesita una cooperación conjunta de diversos actores no solo a nivel internacional sino también a nivel nacional».
La segunda mesa “Desafíos para la protección internacional desde un enfoque de género”, congregó como expositores a Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional; Gabriela Ramos, investigadora en temas de movilidad humana; Martha Fernández, presidenta de la Asociación de Protección Población Vulnerable; y Ana Pari Morales, adjunta de la Adjuntía de Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.
En este segundo momento las panelistas dialogaron en torno a los retos y desafíos que enfrentan las mujeres refugiadas. En ese sentido, Marina Navarro recordó que «la xenofobia es cada vez más fuerte, lo que genera prejuicios en torno a la imagen de la mujer, en este caso la mujer venezolana, con categorías como «robamaridos» y una intención de hipersexualizar a la mujer refugiada».
En su intervención Martha Fernández invitó a ver la migración venezolana como una oportunidad pues tiene una característica muy importante, es masiva, y esto “visibilizó los problemas en torno a las políticas públicas de los países de la región para abordar la crisis humanitaria de los y las migrantes».
Gabriela Ramos inició su presentación recalcando que “cualquier desplazamiento está marcado y está impactado por el factor género” y “este rasgo de género en el refugio puede observarse por la consolidación de un discurso de gobernanza sobre temas de movilidad que suele situar a la mujer en un papel de vulnerabilidad”.
Finalmente, Ana Pari subrayó que “existen miedos en la población refugiada por la falta de regularización, la poca claridad en los trámites y las dificultades burocráticas que afectan a las personas en movilidad». También reafirmó que desde la Defensoría del Pueblo van a seguir exhortando a las instituciones a trabajar de manera articulada en favor de esta población.
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