(Religión Digital).- En un histórico fallo, la Audiencia Nacional Española ha condenado a Inocente Montano a 26 años y 8 meses de cárcel por cada uno de los cinco jesuitas españoles asesinados en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) el 16 de noviembre de 1989. Ellos fueron Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo.
En lectura pública en presencia de Montano, único dirigente del alto mando salvadoreño enjuiciado por estos hechos ante la Justicia española y que se había declarado inocente, se considera al ex viceministro de Seguridad Pública culpable de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista, por los cuales le impone en total una pena de 133 años de prisión, cuatro meses y cinco días.
Igualmente, le atribuye los asesinatos del otro jesuita salvadoreño, Joaquín López, así como de la cocinera de la universidad y su hija de 15 años, si bien no puede condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.
El tribunal ha establecido un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo de la condena, un período al que habrá que restarle el tiempo que lleva en prisión provisional, desde 2017.
En su fallo, los magistrados consideran probado que los ocho asesinatos «fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Inocente Orlando como viceministro de la Seguridad Pública», quien participó en la decisión por la cual se «transmitió la orden de realizar las ejecuciones al coronel director de la Escuela Militar», Guillermo Benavides, un mando medio que es el único condenado en El Salvador.
No obstante, la Sala va más allá al considerar acreditado que en la masacre participó un grupo violento y estable compuesto por el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani; miembros de la Tandona, la promoción de oficiales que ocupaba las más altas estructuras del poder en el Salvador, así como otros altos cargos.
Todos ellos utilizaron la violencia y cometieron graves delitos, que causaron alarma y alteraron gravemente la paz y la convivencia ciudadana «con el fin de perpetuar sus privilegiadas posiciones».
Ellos, continúa, «cometieron los asesinatos después de intentar hacer creer a la opinión pública que tanto Ignacio Ellacuría como el resto de sacerdotes pertenecían al liderazgo intelectual del Frente para la Liberación Nacional Farabundo Martí, generando la falsa afirmación de la existencia de un enemigo infiltrado en las estructuras de las sociedad, que actuaban como agentes de una confabulación socialista-comunista».
UCA: Un juicio en El Salvador
Nada más conocerse el fallo, la UCA emitió un comunicado en el que continúa reclamando que el juicio «sea realizado en El Salvador». «Aunque la condena del coronel Montano es muy importante para el avance de la justicia en el caso, consideramos que es más importante el proceso realizado en España por el extraordinario servicio a la verdad», sostiene el centro, en un comunicado, en el que insiste en que «ha quedado patente el sistema de encubrimiento e impunidad que ha manejado la Fuerza Armada, y en cierto modo el Estado salvadoreño, frente a las gravísimas vulneraciones de los Derechos Humanos cometidas durante la guerra civil en El Salvador».
«Mientras la Fuerza Armada, a nivel institucional, no pida perdón por las graves violaciones de derechos humanos del pasado y no coopere con la justicia abriendo sus archivos, difícilmente podrá ser considerada una institución democrática y respetuosa de los derechos humanos», sostienen los jesuitas salvadoreños, que esperan que el fallo sirva para «dar pasos reales en favor de la verdad y la justicia» en el país.
«La resolución judicial de un crimen de lesa humanidad es un medio que permite avanzar hacía el ideal que la Compañía de Jesús expresó desde el primer momento que ocurrió la masacre en la UCA. El camino de reparación pasa por el conocimiento de la verdad, la práctica de la justicia y el perdón. La continuación del proceso judicial de la masacre de la UCA en El Salvador, ya iniciado, pero malintencionadamente detenido, para determinar quiénes fueron los otros autores intelectuales de esa horrenda masacre es todavía una deuda de la justicia que no debe seguir esperando más», concluye la nota.
Por su parte, el Superior Provincial de la Compañía de Jesús en España, P. Antonio España SJ, ha mostrado su «satisfacción porque el principio de Justicia Universal, aplicado en España, haya servido para avalar jurídicamente una verdad acreditada a través de numerosos testimonios, pruebas documentales e investigaciones».
Tras felicitar a las organizaciones de derechos humanos y familiares que han promovido el proceso en España, los jesuitas sostienen que la sentencia «no agota las responsabilidades individuales en aquellos hechos y, por ello, confiamos en que facilite la labor de la justicia en El Salvador».
«Por último, recordamos que los jesuitas hemos expresado nuestra disposición a perdonar a quienes planearon y ejecutaron ese horrendo crimen, pero antes es necesario que se reconozcan los hechos, se esclarezca la verdad y se determinen las responsabilidades correspondientes», finaliza España.
